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Terremoto político – Grupo Milenio


Esta semana el Senado de la República resolverá si se aprueba ampliar por cuatro años más (hasta marzo de 2028) la facultad del Presidente de la República para disponer de la Fuerzas Armadas (FFAA), en tareas de seguridad pública, “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, como dice la Constitución y no se cumple.

Esto se da cuando la SCJN aún no resuelve cuatro controversias constitucionales contra el Acuerdo expedido por el Presidente el 11 de mayo de 2020 para ordenar a las FFAA “participar en funciones de seguridad pública”; a pocos días de que el Congreso de la Unión aprobara adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Sedena; y  en el contexto del debate sobre la Prisión Preventiva y de la iniciativa presentada por una diputada de Morena, para eliminar la facultad de la SCJN de interpretar la Constitución e invalidar leyes con motivo de lo anterior. El conflicto entre poderes es palpable.

Para justificar la militarización de la seguridad pública, se ha dicho que como las policías estatales y municipales no cuentan con capacidad para combatir al crimen organizado y la inseguridad, la única forma de hacerlo es con el ejército. Lo que no se dice es que si las policías civiles están así es porque todos los apoyos presupuestales se canalizan a la GN y a unas FFAA que no han dado los resultados esperados. De acuerdo a la FGR, la erradicación de cultivos de enervantes es la más baja en 20 años; y los detenidos por delincuencia organizada en 2021 fueron 10 mil 889, contra 42 mil 142 en 2009.

La iniciativa que se votará en el Senado, que pretende normalizar y perpetuar una situación que debe ser extraordinaria, ha generado un auténtico terremoto político: 1).- puso fin a la Coalición PAN-PRI-PRD; 2.-provocará una división entre los grupos parlamentarios del PRI; 3.- está cooptando o comprando legisladores de los otros partidos para sumarlos a la coalición Primor; y 4.-tendrá efectos hacia la sucesión presidencial y para el futuro político de al menos el Secretario de Gobernación y el aún coordinador de los senadores de Morena.

Empero, los peores efectos de la militarización de la seguridad pública serán para los derechos humanos y el Constitucionalismo democrático en nuestro país. Todo por el apoyo del PRI a cambio de impunidad para el tal “Alito”.  

Javier Hurtado



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